Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó a los acusados como autores de un delito de robo con fuerza. Exigencias que impone la presunción de inocencia a la valoración de la prueba. La valoración de pruebas personales y el respeto a la apreciación realizada por el juez de instancia. Insuficiencia de la grabación de la vista oral como medio de valorar la prueba personal. La identificación realizada por los agentes de la Guardia Civil a partir de las grabaciones de cámaras de seguridad. Existencia de indicios complementarios. La escasa nitidez de las imágenes se compensa con el hecho de que los agentes conocían a los acusados de anteriores investigaciones. Las explicaciones poco coherentes de los acusados no puede, por sí misma, servir para enervar el principio de presunción de inocencia y fundamentar el dictado de un fallo condenatorio. No aplicación del principio in dubio pro reo.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento por un delito un delito de homicidio agravado cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y un delito de robo en concurso real. La solicitud de asilo y la incoación del expediente no suspenden la tramitación del procedimiento de extradición, sino que únicamente determinan la suspensión de la ejecución de la entrega en extradición del reclamado hasta que se dicte la oportuna resolución por la autoridad administrativa. No se aprecia riesgo de ser sometido a penas que atenten contra su integridad corporal o a trato inhumanos o degradantes. Condicionamiento de la entrega a prestarse por las autoridades reclamantes la garantía de que, en el caso de serle impuesta al reclamado pena de cadena perpetua, el cumplimiento de la misma no sea indefectiblemente de por vida, con expresa indicación de los mecanismos legalmente previstos para su revisión.
Resumen: El juzgado de lo penal condena al acusado como autor del delito de estafa de los artículos 248 y 249 del código penal a la pena de seis meses de prisión y al pago de la responsabilidad civil. La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación contra la sentencia alegando el error en la valoración de la prueba y vulneración del principio de intervención mínima del derecho penal. Solicita la revocación de la sentencia y la libre absolución. La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación, confirma la sentencia y ratifica la valoración probatoria por ser lógica, racional, basada en prueba de cargo suficiente, siendo los hechos subsumibles en el delito de estafa, no resultando atendibles las alegaciones relativas a que se trata una cuestión meramente civil, ni tampoco la aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal.
Resumen: El Tribunal recuerda que para que proceda la adopción de medidas cautelares penales es preciso no solamente la existencia de indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida o la integridad física o moral, libertad o seguridad, libertad sexual de cualquiera de las personas mencionadas en el Art. 173.2 Código Penal , sino que el Juez ha de valorar y ponderar específicamente la proporcionalidad de la medida, lo que requiere la acreditación de una situación objetiva de riesgo que, además, pueda ser conjurado mediante su adopción, no debiendo acordarse sin esos indicios de delito ya que en tal caso no habrá situación objetiva de riesgo a evaluar, como tampoco cuando existan tales indicios pero no la situación objetiva de riesgo que se valorará a partir de la existencia de aquellos.
Resumen: Revoca la condena de instancia por delito de defraudación a la Seguridad Social y absuelve al acusado. El elemento subjetivo del delito consiste en defraudar eludiendo el pago de las cuotas, no cometiéndose el delito por el mero hecho de no pagar las cuotas a la Seguridad Social ya que se requiere un elemento de mendacidad mediante la realización de maniobras (acciones u omisiones) de ocultación de hechos relevantes en relación al ingreso de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta a la Seguridad Social que pudiera perjudicar a la labor investigadora; de no concurrir este elemento, los hechos constituirían una infracción tributaria ajena al derecho penal, pero, por el contrario y a efectos probatorios, la simple presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.
Resumen: Aunque la Sala de apelación comparte con el recurrente que la declaración del acusado en el plenario tras la práctica del resto de la prueba propuesta garantiza más y mejor los derechos defensa, se desestima su pretensión de nulidad por vulneración de garantías procesales en la medida en que el recurrente no identifica en su recurso en qué medida concreta la desestimación de su propuesta de orden de práctica de la prueba le ha podido originar una situación de efectiva indefensión con relevancia constitucional que exija la declaración de nulidad pretendida. Dicho de otra manera, no ha justificado que la decisión denegatoria del tribunal de instancia le comportara costes constitucionales significativos. No hay infracción procesal ni indefensión por el hecho de que la prueba testifical preconstituida se llevara a cabo sin intervención de la defensa del ahora recurrente, toda vez que en ese momento el procedimiento no se había dirigido contra él y no instó la reproducción de dicha testifical una vez se personó en el procedimiento. Alcance de la revisión que de la valoración probatoria realizada en la instancia corresponde hacer al tribunal de apelación. Solo si el tribunal ante cuya presencia se practica la prueba ha mostrado una duda o falta de convicción en la decisión perjudicial que adopta, cabrá que prospere una queja con base en el principio in dubio pro reo.
Resumen: AGRESIÓN SEXUAL: el acusado se abalanzó sobre la mujer, la sujetó y la besó en la cara y cerca de los labios. JUICIO EN AUSENCIA: el acusado fue citado pero no compareció, con lo que supone de renuncia al su derecho a formular alegaciones y a conocer su personal versión de los hechos. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E "IN DUBIO PRO REO": derecho constitucional que cede ante prueba de cargo practicada con observancia de los derechos fundamentales y con arreglo a las normas procesales y que forman una convicción racional. No hay una obligación de dudar, sino una norma sobre como actuar en caso de duda. PRUEBA DE CARGO: su contenido y suficiencia no dependen de la existencia de valoraciones alternativas por la parte. La declaración de la víctima cumple las exigencias para otorgarle la condición de prueba bastante, máxime cuando una testifical indirecta respalda su afirmación.
Resumen: La predeterminación del fallo se produce por la inclusión de conceptos jurídicos que definen y dan nombre a la sentencia del tipo penal aplicado; es decir cuando se adelanta al factum la calificación jurídica. La prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que se cumplan unos requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso tanto que el órgano judicial exponga los indicios como que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y, finalmente, d) este razonamiento ha de venir avalado por las reglas del criterio humano o de la experiencia común. Cuando lo que se cuestiona es el denominado juicio de subsunción (artículo 849.1 LECRIM), resulta indispensable tomar como referencia el sustrato fáctico sobre el que aquel opera. El concepto "precepto penal sustantivo" va referido exclusivamente a las normas que definen los tipos penales u otras disposiciones normativas llamadas a conformar una conducta delictiva
Resumen: El Juzgado de lo Penal condena a los tres acusados como autores de un delito de robo con intimidación de menor entidad en establecimiento abierto al público y como autores de un delito Leve de lesiones y un delito leve de daños. La representación procesal de los acusados interponer recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba e infracción de precepto legal por indebida aplicación del tipo de robo con violencia o intimidación, ya que no realizaron ningún tipo de intimidación como se recoge en la secuencia de hechos que contienen las grabaciones efectuadas con las cámaras del local. A uno de los acusados sólo se le intervino un cepillo de dientes y pasta científica que era de su propiedad y que lleva en su mochila. La audiencia Provincial estima parcialmente los recursos de apelación y revoca en parte la sentencia absolviendo a los acusados del delito de robo con intimidación de menor entidad, y condenándoles como autores de un delito leve de hurto del artículo 234.2 del código Penal a la pena de multa.
Resumen: La vulneración del derecho a la presunción de inocencia, dentro del recurso de casación, debe limitarse y concretarse en verificar si la respuesta ofrecida por el Tribunal de apelación reviste racionalidad y respeta la doctrina sobre la motivación y la validez de las pruebas. La estimación del motivo por "error facti" requiere que el documento referido, por sí mismo, sea demostrativo del error que se denuncia acerca de la valoración de las pruebas, debiendo aparecer de manera clara y patente del documento en cuestión. Se mantiene la pena impuesta, al quedar dentro del marco del libre arbitrio del Tribunal sentenciador y ser procedente, dentro del arco penológico establecido en la reforma legislativa.
