Resumen: El delito de amenazas se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado pero sin la intención de dañar materialmente al sujeto del mismo siendo el bien jurídico que se protege la libertad y la seguridad. Las amenazas se caracterizan por los siguientes elementos: 1) respecto a la acción, se trata de una conducta del sujeto activo integrada por expresiones o actos idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo, intimidándole con la comunicación de un mal injusto, determinado y posible, de realización más o menos inmediata, que depende exclusivamente de la voluntad del sujeto activo; 2) por lo que hace a su naturaleza, es un delito de simple actividad, de expresión o de peligro, y no de verdadera lesión, de tal suerte que si ésta se produce actuará como complemento del tipo; 3) desde el plano subjetivo, que la expresión de dicho propósito por parte del agente sea serio, firme y creíble, atendiendo a las circunstancias concurrentes; 4) que estas mismas circunstancias, subjetivas y objetivas, doten a la conducta de la entidad suficiente como para merecer una contundente repulsa social, que fundamente razonablemente el juicio de la antijuridicidad de la acción y la calificación como delictiva. La diferencia entre las amenazas del art. 171.7 del CP y las del art. 169 del CP radica en la gravedad de la amenaza.
Resumen: La sentencia, con cita de jurisprudencia del TEDH y del TC, relativa a que no cabe la modificación del relato de hechos probados de la resolución recurrida, sobre la base de hacer una nueva valoración de las pruebas que no se practican con la inmediación que es precisa, lo que sucede con las pruebas personales, considera la existencia en el caso de prueba suficiente para la condena de la recurrente como autora de un delito de estafa, ya que con engaño previo y sabiendo que nunca iba a entregar dos loros, por valor de 1.200 euros, a través de un anuncio en una página web, obtuvo, con ánimo de lucro, un desplazamiento patrimonial de la denunciante a la cuenta corriente de su titularidad, procediendo, el mismo día de la transferencia efectuada por la compradora, a retirar de su cuenta el importe recibido, sin que contactara nunca más con ésta, ni le entregarla los dos loros objeto de la compraventa. La Sala revoca la pena impuesta de un año y seis meses de prisión, pues aun cuando se encuentra dentro de la mitad inferior de la pena, que sería hasta los 21 meses de prisión - es decir, 1 año y nueve meses de prisión -, se considera excesiva, sin que se haya motivado ese plus de pena para un supuesto de estafa sin cuantía excesiva - 1.200 euros -, con unos hechos que datan del año 2015, y la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, estableciendo la pena mínima de seis meses de prisión.
Resumen: Se recurre la sentencia condenatoria por la comisión de un delito leve de estafa en grado de tentativa.
La apelante alega errónea valoración de la prueba, vulneración del principio de presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo, y subsidiariamente solicita la reducción de la cuota diaria de la multa al mínimo legal de dos euros por sus circunstancias personales y económicas.
El tribunal no aprecia vulneración de la presunción de inocencia, pues la acusación se sustentó en pruebas válidas, obtenidas con todas las garantías procesales, consistentes en la declaración del denunciante, testimonio policial y grabaciones de cámaras de seguridad, que fueron valoradas racionalmente por el juzgador de instancia.
Recuerda la Sala que la apreciación del juez de primera instancia goza de singular autoridad por su contacto directo con el juicio oral, y sólo puede ser revisada en caso de error manifiesto, lo que no ocurre en este caso, máxime cuando la recurrente se limitó a hacer una mera invocación formal de su carácter erróneo sin poner de relieve error concreto alguno ni ofrecer valoración alternativa de la prueba practicada que deba de sustituir a la recogida en la sentencia.
En cuanto al principio in dubio pro reo, se señala que no obliga a dudar sino a absolver si persisten dudas objetivas, lo que no sucedió, pues existió prueba relevante y consistente de la participación del acusado. Sobre la reducción de la cuota diaria de la multa, se considera que la fijación de 10 euros se ajusta a la normativa y no resulta desproporcionada, dado que no se acreditaron circunstancias personales que justifiquen la rebaja al mínimo legal, y que la imposición de la cuota mínima debe reservarse para casos extremos de indigencia.
Por todo ello el recurso fue desestimado.
Resumen: Se condena por conducción de vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas (art. 379.2 CP) y conducción careciendo de permiso (art. 384 CP). El fallo de instancia le había impuesto penas separadas por cada ilícito. El recurso es desestimado en lo esencial, pero es estimado parcialmente respecto al concurso de delitos. La valoración de la prueba por el Juez de instancia fue razonada y fundada en declaraciones de agentes y un testigo presencial, quien vio al acusado conducir y colisionar. El hecho de conducir implica necesariamente motor en marcha y desplazamiento. Asimismo, se acreditó documentalmente que carecía de permiso de conducir. Sobre la alcoholemia, consta el ticket válido con resultado de 1,03 mg/l en aire espirado, complementado con los síntomas descritos por los agentes y el testigo (habla pastosa, caminar oscilante, evidente embriaguez). Se recogió además el acta informativa de derechos, donde el acusado fue informado de la posibilidad de contrastar la prueba mediante análisis de sangre, a lo que se negó. La Sala considera válida la prueba pese a que no se completaran las subsiguientes intentonas de repetición, pues la sintomatología y el primer resultado ya acreditaban la influencia del alcohol. Se reconoce que ambos delitos protegen bienes jurídicos distintos (seguridad vial y respeto a resoluciones judiciales), pero concluye que no hay concurso real, sino concurso ideal propio (art. 77 CP), al tratarse de una sola acción subsumible en dos tipos penales. La conducción sin permiso un delito pluriofensivo. De este modo, se descarta la absorción de un delito por el otro y se unifican las penas aplicando la más grave en su mitad superior. La Sala corrige la condena para imponer una sola pena por concurso ideal: 9 meses y 1 día de multa (6 €/día) y un año de privación del derecho a conducir, manteniendo este límite para no incurrir en reformatio in peius, aunque conforme al art. 77.2 CP la privación debería superar los dos años y medio.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor material de un delito de asesinato en grao de tentativa. Acusado que de forma sorpresiva e inesperada para su víctima golpea en la cabeza con un martillo, haciéndole caer al suelo, con pérdida de masa encefálica y abundante sangre, a pesar de lo cual no fallece al ser intervenido de urgencia. Presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo. Prueba indiciaria. Prueba de la autoría. Reconocimiento en exhibición fotográfica llevada a cabo en comisaría de policía y su valor identificativo. Imágenes grabadas a través de una cámara de seguridad como elemento de identificación. La fuerza de la prueba indiciaria procede de la interrelación y combinación de los diferentes indicios, que convergen y se refuerzan mutuamente cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección.
Resumen: La Sala de instancia admite como verosímil el hostigamiento hacia el acusado existiendo graves indicaciones reveladores del mismo y hace referencia a lo deplorable que resulta que personas o grupos sociales pretendan arrogarse la potestad de administrar justicia a su antojo. Pero ello no supone que se haya vulnerado el derecho de defensa. Testigos que han participado en concentraciones a favor de la denunciante. especial cautela en la valoración de esos testimonios. Sobre los años transcurridos desde los hechos y la falta de concreción temporal de la denuncia, la sala de instancia fue consciente de la dificultad probatoria que existía para las acusaciones y también de las dificultades de plantear eventuales líneas de defensa mediante coartadas o contrapruebas pero que ello no excluía que se pudiese someter a contradicción la prueba en el juicio oral ni que no se pudiesen plantear estrategias defensivas tratando de refutar en el juicio oral diversas circunstancias de hecho presentes en el relato incriminatorio. Declaración de la víctima: control cognitivo de consistencia. La Sala de instancia, precisamente para valorar la consistencia interna del relato de la denunciante ponderó las circunstancias y factores que fueron determinantes para que Raquel, después de 24 años de silencio, revelase estos hechos contrarios a su libertad sexual. Prescripción: veinte años desde la mayoría de edad.
Resumen: Posición del tribunal de apelación: análisis de la racionalidad técnica jurídica del método argumentativo. Aplicación del principio "in dubio pro reo". Inadmisión de prueba documental: no petición de nulidad; falta de propuesta de las pruebas en el momento procesal oportuno.
Resumen: Recurre el condenado en instancia como autor de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El tribunal rechaza sus alegaciones sobre vulneración de la presunción de inocencia, error valorativo e infracción del principio in dubio pro reo. Se analiza el alcance de la revisión de la valoración probatoria efectuada en la instancia que le corresponde hacer al tribunal de apelación. Se reprocha por el tribunal al recurrente la inapropiada aportación en fase de apelación de documental consistente en el manual de instrucciones del etilómetro utilizado. Se desestiman las quejas por falta de calibración del etilómetro y por los márgenes de error en las mediciones que, aun tenidos en cuenta, dan resultados muy por encima de los límites permitidos. Se desestima la alegación del recurrente sobre la influencia de medicamentos (Oraldine) en los resultados del etilómetro, argumentándose que el etilómetro únicamente detecta el alcohol que procede de los pulmones, no de la boca.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Acusado que teniendo vigente una orden de protección que le prohíbe aproximarse a quien fuera su pareja sentimental, su domicilio o lugar de trabajo, es sorprendido cuando se encuentra dentro del radio de la prohibición de acercamiento domiciliario. Elemento subjetivo del delito de quebrantamiento de medida cautelar, que no requiere un dolo específico de infringir la prohibición, pues basta con el conocimiento de la vigencia de la prohibición y de su alcance. Medición de la distancia afectada por la prohibición, en linea recta entre el domicilio de la persona protegida y la situación del obligado por la orden de protección. Principio in dubio pro reo, que no se acoge al no haber expresado el Juez Penal duda alguna sobre la culpabilidad del acusado.
Resumen: Se ratifica la condena de la recurrente por la comisión de un delito leve de estafa, consistente en haber vendido unas entradas para un espectáculo, para lo cual los perjudicados le remitieron diversas cantidades de dinero a la cuenta de la que la acusada es titular, quien hizo propias las mismas y que nunca devolvió, sin que los interesados pudieran asistir a los espectáculos solicitados al no ser auténticas las entradas recibidas, habiendo contado el Juez de instancia con suficiente prueba de cargo para ello, consistente en la declaración testifical prestada en el acto de juicio por los perjudicados y corroborada por los documentos obrantes en la causa, que acreditan su titularidad de la cuenta a la que se remitió el dinero y los propios movimientos de la citada cuenta, y pese a las alegaciones exculpatorias de la denunciada, que se estiman carentes de acreditación y verosimilitud, lo cierto es que recibió en esa cuenta el dinero, sin que procediera a su devolución. Se rechaza la alegación acerca de la vulneración de la tutela judicial efectiva por ser el Juzgado que ha dictado sentencia el mismo que practicó la declaración de la investigada, quedando contaminado, por ser extemporánea, sin que se planteara siquiera en el acto de la vista y determinar, además, los arts. 14 , 962 y ss de la LECr, la competencia del mismo juez instructor para el conocimiento y fallo del proceso en los supuestos de delitos leves, como sucede en el caso.
